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ABOGADOS EN “LUCHA” CONTRA PROPUESTA DE LA SECRETARÍA ANTILAVADO

• NOTA PUBLICADA POR EL SEMANARIO BUSQUEDA DEL DIA JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 2016

Los discursos fueron breves pero duros. Y con anuncios de lucha. Tanto el nuevo presidente del Colegio de Abogados (CAU) como su antecesor inmediato aprovecharon el acto protocolar de traspaso de mando para pasar un mensaje: el Poder Ejecutivo está por enviar al Parlamento un proyecto de ley que viola la Constitución y la organización hará lo posible por impedirlo.

La controversia gira en torno al borrador de un proyecto de ley sobre combate al lavado de activos que, entre otras cosas, establece que los abogados deberán informar a las autoridades sobre operaciones sospechosas de sus clientes cuando no los estén asesorando en un juicio. Para el CAU, se trata de una violación al “secreto profesional” y un ataque a los derechos humanos, según declararon el nuevo presidente César Pérez Novaro y su antecesor Eugenio Xavier de Mello el lunes 31 durante el acto de cambio de autoridades.

El director de la Secretaría Antilavado de Activos, Carlos Díaz, defendió la idea de que los abogados pasen a ser “sujetos obligados” a reportar cuando realicen actividades que no están en la “naturaleza” de la profesión, como la administración de sociedades anónimas o el manejo de dinero de sus clientes.
Sería demencial.

El CAU se declaró en pie de guerra por primera vez contra el borrador del proyecto elaborado en la órbita de la secretaría de Díaz el 19 de octubre. Sus reclamos habían tenido éxito poco tiempo atrás en una situación similar, cuando lograron que el Parlamento excluyera a los abogados de un proyecto de ley que, de aprobarse, los obligaba a proporcionar información de un contribuyente si la Dirección General Impositiva lo reclamaba.

En un comunicado de prensa emitido el miércoles 19 el CAU cargó contra otra propuesta, una que el Poder Ejecutivo está por enviar al Parlamento para afinar las herramientas de persecución del blanqueo de capitales. “La incorporación de los abogados al elenco de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, lo que implica denunciar a sus propios clientes,” afecta “su función como asesores y defensores en materia jurídica así como el derecho de toda persona de consultar a un abogado para conocer su situación legal”, advirtió la organización.

Al día siguiente, el fiscal general, Jorge Díaz, escribió en su cuenta de Twitter algo que fue leído en ámbitos jurídicos como un respaldo a la posición del CAU. “El secreto profesional del abogado protege la posición de su cliente en juicio (actual o eventual) y nunca puede ser levantado por terceros”, planteó.
El titular de la Secretaría Antilavado salió al cruce de los abogados casi en seguida. El día que se difundió el comunicado dijo en una comparecencia en el Senado que se trataba de un borrador, que había sido elaborado por una comisión con 40 integrantes —entre ellos jueces, fiscales, abogados y legisladores— y que no atacaba el secreto profesional. “Sería demencial violar cualquier norma vinculada al derecho de defensa”, añadió.

Su defensa de ese borrador siguió a través de algunos medios de comunicación. El miércoles 26, en el programa “Rompkbzas” de radio El Espectador dijo que el objetivo del anteproyecto —que había sufrido cambios esa semana— es poner a Uruguay “en línea con los organismos internacionales, pero sobre todo a definir qué tipo de país” se quiere y “qué tipo de transparencia u opacidad”.

A modo de ejemplo, dijo que si se compara a nivel mundial por el producto bruto interno, Uruguay estaría entre el puesto 75 y el 93, pero si se toman en cuenta las sociedades que los estudios uruguayos inscribieron en Panamá, el país estaría en el “G7”. “Y si fuera por los intermediarios” que recurrieron al estudio Mossack & Fonseca (MF) para crear sociedades anónimas, Uruguay estaría en el “G10”.

Para Díaz, la investigación periodística denominada “Panama Papers” —que se basó en el análisis de más de 11 millones de documentos del bufete MF— demostró que Uruguay tiene flancos débiles en el combate al lavado de dinero, en particular el de los intermediarios (varios de ellos estudios jurídicos) que consiguen y gestionan sociedades anónimas para sus clientes.

“Precisamos un poquito más de transparencia para esas situaciones”, opinó Díaz. “Si decido beneficiar a 300 o 400 intermediarios, vale la pena que el beneficio para ellos implique el sacrificio para 3.300.000 uruguayos”.

Dijo que los abogados deben estar incluidos en la lista de sujetos obligados —que hoy tiene, entre otros, a las instituciones financieras y a los escribanos— “por la realización de algunas actividades” que no son características de esa profesión. “Y las actividades son las mismas por las que están incluidos los escribanos: administración de cuentas bancarias, organización de aportes para la creación de sociedades, actuación por cuenta de clientes”, detalló.

“No hay intención de pasar por encima de los derechos de nadie”, concluyó Díaz.
El borrador del proyecto explica que los abogados “no estarán alcanzados por la obligación de reportar” cuando se trate de información “que reciban de uno de sus clientes o a través de uno de sus clientes, para verificar el estatus legal de su cliente o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación”.

Garantías.
Las explicaciones del jerarca no fueron suficientes para el CAU. El lunes 31 su nuevo presidente advirtió que si el proyecto avanza y se aprueba en el Parlamento, estarían “comprometiéndose garantías individuales y derechos humanos”. Y añadió: “El secreto profesional es un deber del abogado, no es un privilegio sino una obligación inherente al ejercicio de la defensa en su más amplio sentido. (…)De aprobarse el proyecto que está a estudio del Parlamento, colidiría directamente con la Constitución y se menoscabaría ese principio universal de la igualdad de armas que es la columna vertebral del principio de defensa”.

Minutos antes, su antecesor en el cargo había hecho advertencias igual de duras. De Mello explicó que si bien se dice que el abogado no va a quedar comprendido en la ley cuando esté defendiendo a un cliente, el anteproyecto “se olvida de una cosa fundamental” que es el “derecho al asesoramiento”, algo “tan importante en la relación abogado-cliente como el patrocinio y la defensa en un juicio”.

“Cuando una persona viene a consultar a un abogado para informarse sobre cuál es el alcance de sus derechos, no nos parece lógico ni conforme a las normas constitucionales que el abogado esté obligado a ir a denunciar a su propio cliente ante las autoridades administrativas para informarles de una eventual o posible violación de las normas sobre lavado de activo.”, concluyó De Mello. Añadió después que dejaba el cargo confiado de que las nuevas autoridades seguirán adelante con “esta lucha” para modificar el proyecto.

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