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Declaración del Colegio de Abogados del Uruguay

10/06/21

ATENTO:
A las manifestaciones públicas del Presidente de la Suprema Corte de Justicia tendientes a resolver comunicar al Colegio de Abogados del Uruguay que la Suprema Corte de Justicia estima que no puede seguir dialogando con el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, el Dr. Diego Pescadere “como interlocutor válido” como consecuencia de sus expresiones públicas, contenidas en el Semanario Búsqueda del pasado 3 de junio y los hechos que se transcriben en la contratapa de esa misma publicación en la edición del día de la fecha, ratificando tal orden, el Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, por unanimidad de todos sus miembros, tanto titulares como suplentes,

DECLARA:
1) Que los hechos antes expresados, ponen de manifiesto un problema institucional sin precedentes en nuestro país, resultando intolerable en un Estado de Derecho que, nada menos que la Suprema Corte de Justicia, guardián de la Constitución, de los derechos y garantías de las personas, resuelva desconocer a las autoridades electas del Colegio de Abogados del Uruguay y limitar el derecho de su Presidente a expresarse libremente, por haber efectuado manifestaciones públicas que en forma crítica refieren a las acciones u omisiones de dicho órgano en el manejo del servicio de Justicia o en las soluciones legislativas tendientes a su mejora o a su normal funcionamiento.

2) Que la gravedad de tal desborde resulta aún mayor en un momento como el actual en el que el servicio de Justicia se encuentra virtualmente paralizado desde hace más de dos meses, conculcándose los derechos de los justiciables e imposibilitándose el cumplimiento de la labor de las abogadas y abogados del país.

3) Que los otros hechos dados a conocimiento por la prensa en el día de la fecha ponen de manifiesto un funcionamiento anómalo de la Suprema Corte de Justicia, que en una hora tan difícil para la República, debe concentrarse en asegurar la efectiva prestación de la función jurisdiccional sin interrupciones, buscando medios de funcionamiento alternativo, por ejemplo a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación tal como ha ocurrido en todos los poderes judiciales a nivel internacional, inclusive en países de la región y con dificultades presupuestales similares a las que debe enfrentar el Poder Judicial en nuestro país.

4) Que nuestro Colegio, rechaza cualquier injerencia en su conducción y representación y ratifica las actuaciones de su Presidente, en defensa de la Justicia, el sistema democrático republicano de gobierno, los derechos de los justiciables y de las abogadas y abogados que a diario ejercen la profesión en todos los tribunales del territorio nacional. Los Ministros de la SCJ, como cualquier autoridad pública, están sujetos a la crítica de su gestión si los ciudadanos entienden que hay fundamento para ello.

5) Que el Colegio de Abogados del Uruguay tiene entre uno de sus fines “…mantener vivo el culto a la Justicia; propugnar por el mejoramiento de la organización judicial y administrativo y por el respeto de los principios esenciales de la Constitución.”. Con ese espíritu y objetivo desde el inicio mismo de la pandemia, el Colegio de Abogados del Uruguay ha realizado importantes contribuciones para el normal funcionamiento del sistema de justicia, al promover, a tan solo treinta días de decretada la Emergencia Sanitaria, dos proyectos de ley, uno de ellos el referido al otorgamiento de certeza jurídica una vez decretada la Feria Judicial Sanitaria el 16 de marzo de 2020, que fuera sancionado como ley 19.879 del 30 de abril de 2020 y el otro, a consideración del Poder Legislativo, tendiente a la facilitación en la realización de actos procesales a distancia a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación, de modo de proveer herramientas para que el Poder Judicial pueda cumplir adecuadamente con sus tareas y eviatar la paralización del servicio de Justicia.

6) Del mismo modo, se han tenido decenas de reuniones y se han aportado múltiples soluciones, muchas de ellas implementadas para permitir el funcionamiento, aunque limitado de los servicios de Justicia hasta el presente y que en ese mismo espíritu seguirá haciendo su aporte por así mandatarlo sus estatutos y exigirlo su rica tradición en defensa de los derechos de las abogadas y abogados y de los justiciables, y en el respeto de las normas y principios contenidos en la Constitución de nuestro país como un auténtico Estado de Derecho

p. Colegio de Abogados del Uruguay

Dr. Diego Pescadere
Presidente

Dr. Alvaro Acordagoitia
Secretario


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